El juez Kevin Castel ha rechazado la petición de postergación hecha por el exlíder de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su abogado, Raymond Colon. Esta resolución conserva la fecha inicial del juicio, establecida para el 5 de febrero de 2024, tal como lo comunicó el juez en una “Orden de rechazo de moción”.
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En su razonamiento, el juez Castel subrayó que Colon no ofreció información concreta sobre las condiciones de salud que supuestamente necesitaban la postergación y apuntó que estas eran conocidas desde el comienzo del proceso en abril de 2022. Aseguró que cualquier cambio en el calendario del juicio por motivos de salud se evaluaría de manera individual, garantizando la revisión del material clasificado por el tribunal.
En cuanto a las evidencias clasificadas, el juez recordó que el letrado de Hernández, Raymond Colon, tiene asistencia jurídica, incluyendo a Sabrina Shroff y Emma M. Greenwood, coordinadora de descubrimiento de la Fiscalía. También se mencionó la exclusión del juez Daniel Pérez, quien estuvo junto a Hernández y Colon en las primeras apariciones en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
A pesar de que esta es la primera vez que Juan Orlando Hernández y su letrado solicitan una postergación, el juez consideró que no hay razones suficientes para cambiar la fecha del juicio entre 30 y 45 días. Además, argumentó que la petición de un letrado defensor adicional no es válida a menos de 30 días del comienzo del juicio, especialmente debido al bloqueo de activos.
En el documento, el juez resaltó que las quejas del acusado sobre la incapacidad de financiar adecuadamente a su equipo jurídico, causada por el bloqueo de activos, no proporcionan una base para conceder la petición de un letrado designado y una postergación. Como resultado de esta decisión, Juan Orlando Hernández se enfrentará al juicio según lo programado, el próximo lunes 5 de febrero de 2024, a las 10:00 a.m. (hora de Honduras).
El exgobernante será juzgado por tres cargos: conspiración para importar cocaína, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos.
Las acusaciones sostienen que Hernández participó en una conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas para facilitar la importación de toneladas de cocaína a los Estados Unidos, así como recibir millones de dólares de organizaciones de narcotraficantes, incluyendo el Cártel de Sinaloa liderado por Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.
