A pesar de que el año pasado estableció una comisión especial, conformada incluso por entidades policiales y militares, el Gobierno está enfrentando dificultades para contener la creciente ola de ocupaciones ilegales en terrenos privados destinados a la agroindustria.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh) informaron que, hasta febrero, se ha registrado la usurpación de más de 42,000 hectáreas (más de 60,000 manzanas), siendo el 80% de esta situación concentrada en el departamento de Colón.
A pesar de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra en junio de 2023 por la presidenta Xiomara Castro, la cual incluía a un fiscal especial, un juez con jurisdicción nacional, el director del Instituto Nacional Agrario (Ina), el Instituto de la Propiedad (IP) y miembros de otras entidades, los conflictos agrarios persisten y se han intensificado tras más de medio año de su formación.
Nelson Ponce, abogado especialista en temas agrarios, argumenta que la falta de aplicación de la ley y el irrespeto al estado de derecho han agravado el problema.
El Estado no ha logrado atender las demandas tanto del sector campesino para acceder a la propiedad rural como del sector empresarial agroindustrial.
La ausencia de acción tutelar por parte del Estado ha dado lugar a un tercer grupo de individuos, que no son campesinos ni empresarios, sino invasores de tierras con intereses particulares.
La solución, según el abogado, radica en la aplicación efectiva de la ley contra la usurpación de tierras y otros delitos, así como en abordar las causas subyacentes de las acciones violentas asociadas con estas invasiones.
En cuanto a las cifras, Cohep informa que hasta noviembre de 2023 se invadieron 46,802 hectáreas en 17 municipios de diferentes departamentos, con un aumento del 119% en nueve meses. Las empresas afectadas, que abarcan sectores agrícola, agroindustrial, manufacturero y eléctrico, generan cerca de 220,000 empleos.
Las personas afectadas por las invasiones consideran que la Comisión creada por la presidenta ha sido ineficaz, y algunos expertos, como Ramiro Medina, sostienen que hasta febrero de 2024 hay más de 70,000 manzanas invadidas, atribuyendo estas ocupaciones a un modus vivendi para algunas personas y al crimen organizado, exacerbado por la lentitud en la ejecución de desalojos.
