Honduras reporta una tasa de 6.47 femicidios por cada 100,000 habitantes, derivada de las 308 muertes violentas de mujeres documentadas en 2022.
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El país se posiciona como el quinto a nivel mundial en esta estadística, según revela un informe reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en colaboración con ONU Mujeres.
Esta cifra sitúa a Honduras como el país más peligroso de Latinoamérica para las mujeres, superando a naciones como Guatemala, México, Venezuela, Ecuador y Belice. A nivel global, Sudáfrica encabeza la lista como el país más peligroso, seguido de Jamaica, Botsuana y Namibia.
En 2024, se han registrado al menos 40 muertes violentas de mujeres hasta la fecha. Los expertos proyectan que, de mantenerse esta tendencia, el año podría cerrar con unas 300 muertes adicionales. Estos datos son alarmantes y reflejan una preocupante tendencia ascendente en la violencia de género en Honduras.
Contrastando con esta situación, países como Singapur y Albania muestran tasas muy bajas de femicidios. Sin embargo, en Honduras persisten desafíos significativos en la respuesta a esta problemática.
A pesar de algunas medidas implementadas por el gobierno, como la declaración de un estado de emergencia y la creación de mesas interinstitucionales, se reconoce que queda mucho por hacer.
La falta de judicialización adecuada de los casos y la insuficiencia en la respuesta integral a los femicidios son señaladas como falencias en el sistema.
Los llamamientos a la acción se intensifican, instando al Poder Ejecutivo a tomar medidas urgentes de prevención y a proporcionar una respuesta integral ante esta situación de crisis.
La necesidad de un enfoque integral, tanto en la recolección de información como en la capacitación del personal judicial y policial, se hace evidente para abordar eficazmente este problema de salud pública endémico en Honduras.
