En Honduras, la situación de los adultos mayores que buscan acceder a préstamos para adquirir o mantener una vivienda es compleja y desafiante. A menudo, estos ciudadanos enfrentan plazos de reembolso que oscilan entre cinco y diez años, pero sus ingresos no alcanzan el mínimo requerido por la banca, y los montos disponibles rara vez cubren el costo de una vivienda social.
(Franklin Muñoz)
Este escenario afecta a una gran cantidad de hondureños mayores de 60 años, como lo revela el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE). Para estas personas, obtener financiamiento para una vivienda se convierte en una verdadera odisea, ya que el acceso a préstamos bancarios está sujeto a una serie de condiciones del mercado que representan un verdadero desafío.
Es evidente que los bancos priorizan la recuperación del dinero al otorgar préstamos, y la edad se considera un factor de riesgo significativo. Sin embargo, algunos expertos señalan que debería prevalecer la capacidad de pago y las garantías del solicitante por encima de su edad. En Honduras, las mujeres constituyen la mayoría de la población en la tercera o cuarta edad, y la mayoría de estas personas residen en zonas rurales, donde los precios de las propiedades son relativamente bajos pero los ingresos también son limitados.
Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, la mayoría de las personas mayores de 60 años en Honduras están económicamente activas, pero sus ingresos promedio son insuficientes para acceder a préstamos bancarios convencionales. Muchos se ven obligados a recurrir a prestamistas informales, exponiéndose a tasas de interés desproporcionadamente altas y a posibles fraudes.
Los bancos establecen políticas crediticias que afectan la calidad de vida de los hondureños, y la discriminación hacia las personas mayores es evidente en muchos casos. Aunque algunos bancos ofrecen préstamos para vivienda hasta los 69 o 85 años, estos plazos son considerados insuficientes por algunos analistas, ya que no tienen en cuenta la expectativa de vida ni la capacidad de pago del solicitante.
Es crucial que se implementen políticas públicas más efectivas para garantizar la equidad financiera y el acceso a viviendas dignas para todas las personas, independientemente de su edad. Esto implica revisar las políticas crediticias de los bancos y promover una intervención gubernamental más sólida para abordar las disparidades socioeconómicas existentes.
A pesar de los esfuerzos de algunos programas gubernamentales, como los dirigidos por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el alcance de la ayuda sigue siendo limitado. Se necesita una estrategia integral que aborde las necesidades financieras, de vivienda y de protección social de los adultos mayores en Honduras.
En otros países de la región, existen políticas más efectivas y menos desigualdades en el acceso al crédito y a la vivienda. Es hora de que Honduras siga su ejemplo y trabaje hacia un sistema financiero más inclusivo y equitativo para todas las personas, sin importar su edad.
