Así funcionara la ”Central de Riesgo” para los padres irresponsables de Honduras

Un equipo técnico encabezado por el Poder Judicial de Honduras ha elaborado un proyecto de Reglamento del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Este proyecto, que ha sido compartido con varias instituciones, está pendiente de aprobación por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y se espera que entre en vigor en 2024.

Foto: Televicentro

El objetivo del Reglamento es regular el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, establecido por el Decreto Legislativo No. 51-2016 como parte de la reforma a la Ley Especial para una Maternidad y Paternidad Responsable (MAPA). Su finalidad es asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias hacia los menores, proporcionando un servicio judicial seguro, rápido y de calidad.

El proyecto incluye sanciones como la prohibición de obtener o renovar licencias de conducir, pasaportes y tarjetas de crédito. Estas medidas se aplicarían a los considerados deudores morosos, es decir, aquellos que no cumplen con el pago de tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco cuotas alternas a favor de sus hijos, obligatorias después de una sentencia firme u otras resoluciones homologadas.

Ana Cardona, coordinadora de los Juzgados de Familia, destacó la preocupación existente, señalando que hasta la fecha se han cerrado más de 1,000 demandas de alimentos en el año. Estas demandas no solo implican la provisión de alimentos, sino también una serie de derechos fundamentales para el menor, como educación, salud, recreación y vivienda.

El proyecto se ve como una especie de “central de riesgos”, donde aquellos incluidos en el registro no podrán solicitar servicios como créditos, renovación de licencias de conducir, entre otros, sin antes presentar un Certificado Libre de Deuda Alimentaria. Este certificado se emitirá una vez que se haya pagado la totalidad de la deuda alimentaria en mora, demostrando así el cumplimiento de las obligaciones.

Las instituciones, tanto públicas como privadas, estarán obligadas a solicitar este certificado como requisito previo para ciertos trámites, y el incumplimiento resultará en la anulación de los mismos, con posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales para las entidades que no cumplan.

La diputada Fátima Mena explicó que el presupuesto para la implementación del Registro de Deudores ya está incluido en el Poder Judicial, y la sostenibilidad del mismo se financiará con el dinero recaudado del pago para la emisión del Certificado Libre de Deuda, cuyo valor será determinado por el Poder Judicial una vez que se apruebe el reglamento.