El mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, comunicó el domingo la movilización de 6,000 efectivos militares y policiales para cercar áreas donde se sospecha la presencia de pandillas en el norte del país tras la pérdida de dos vidas.
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«En estos momentos, 5 mil soldados y mil policías han acordonado los sectores de San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico y San Isidro Labrador con el objetivo de desmantelar por completo dicha agrupación delictiva», expresó el líder en X.
Bukele justificó esta acción luego de reportarse «dos homicidios» en la localidad, aproximadamente a 90 km al norte de la capital San Salvador, donde fueron aprehendidos «dos individuos responsables», vinculados a la pandilla Barrio 18 Sureños.
«Persistiremos hasta eliminar cualquier vestigio remanente de pandillerismo», advirtió en redes sociales, acompañando su mensaje con un video del impresionante despliegue de fuerzas uniformadas organizadas en formaciones, junto con dos detenidos arrodillados y esposados.
«Nos aseguraremos de purgar completamente el área, eliminando hasta la última huella de las pandillas», añadió en X el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, al describir la operación al sur del departamento de Chalatenango. Desde hace dos años,
El Salvador se encuentra bajo estado de emergencia decretado por Bukele, lo que ha resultado en la detención de casi 76,000 individuos sin orden judicial, de los cuales más de 7,000 han sido liberados tras demostrarse su inocencia.
Las pandillas, originarias de las calles de Los Ángeles, Estados Unidos, son responsabilizadas por el gobierno salvadoreño de al menos 120,000 homicidios en casi tres décadas, superando los 75,000 muertos durante los doce años de guerra civil (1980-1992).
Tras el conflicto armado, la población salvadoreña se vio sometida al terror impuesto por las pandillas MS-13 y Barrio 18, con sus subdivisiones Sureños y Revolucionarios, alcanzando una cifra aproximada de 100,000 miembros en total.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han criticado el régimen de excepción, señalando «detenciones arbitrarias», «torturas» y «fallecimientos» en centros penitenciarios.
