Nicaragua ha sido clasificada como el país con mayor corrupción en Centroamérica y el segundo en todo el continente americano, junto con Haití, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) publicado recientemente por Transparencia Internacional (TI). TI ha criticado la manipulación del sistema judicial en Nicaragua para “afianzar la dictadura” en el país, que ha estado bajo el gobierno de Daniel Ortega desde 2007.
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En el IPC del sector público, que se mide en una escala de cero (altamente corrupto) a 100 (muy poca corrupción), Nicaragua y Haití obtuvieron 17 puntos, superando a Venezuela (13), lo que los coloca en la parte inferior de la lista de países americanos.
TI señaló que “Venezuela (13), Haití (17) y Nicaragua (17) tienen las puntuaciones más bajas, en un contexto de impunidad generalizada y falta total de independencia del poder judicial”. Según la organización, en América Latina y el Caribe, la falta de independencia y transparencia del poder judicial facilita la corrupción y la influencia indebida de las élites políticas y económicas.
En situaciones de cooptación extrema de jueces y fiscales por parte de las élites políticas, como se ha observado en Nicaragua (17), Guatemala (23) y El Salvador (31), el poder judicial se ha convertido en un instrumento para atacar a jueces y fiscales íntegros.
TI destacó que “recientemente, en los dos últimos países (Guatemala y El Salvador), el poder judicial se ha utilizado para manipular procesos electorales, poniendo en peligro la democracia y, en el caso de Nicaragua, se ha utilizado para consolidar la dictadura”.
La sensación de impunidad y la incapacidad de los jueces y fiscales para actuar con imparcialidad y garantizar juicios justos e igualdad ante la ley afectan significativamente la confianza del público en el poder judicial, advirtió la organización. Esto desalienta las denuncias, ya que la institución se percibe como corrupta, poco confiable e insegura. Los más afectados son los más pobres y los grupos vulnerables, como las mujeres, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las minorías sexuales y las personas migrantes, quienes a menudo experimentan discriminación cuando buscan justicia.
Para TI, la falta de independencia judicial obstaculiza la lucha contra la corrupción, y con dos tercios de los países de la región con una puntuación inferior a 50 sobre 100 en el IPC, las Américas continúan enfrentando serios desafíos en la lucha contra la corrupción.
“La falta de independencia del poder judicial en la región es uno de los principales problemas. Esto debilita el estado de derecho y promueve la impunidad de los poderosos y los criminales en detrimento de las personas y del bien común”, advirtió la organización.
Según TI, el fortalecimiento y la independencia del poder judicial en las Américas promoverán sociedades más justas, orientadas al bien común y libres de corrupción e impunidad.
Nicaragua ha estado en crisis política y social desde abril de 2018, que se intensificó después de las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo y el segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales oponentes en prisión o en el exilio. EFE
